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Nuestra principal área de especialización es el derecho penal, tanto desde la defensa como desde la acusación.

Entendemos la representación penal como un ejercicio de acompañamiento en procesos especialmente complejos que tienen plena afectación en los derechos fundamentales y en los proyectos vitales de las personas.

Cuando defendemos a una persona lo hacemos poniendo sus necesidades en el centro, asumiendo las diferentes fases del procedimiento: desde una rápida reacción ante una detención (con un teléfono de asistencia para urgencias) o una citación judicial, la elaboración consensuada de una estrategia de defensa, la preparación y celebración del juicio o la defensa en la fase de ejecución de la sentencia.

Cuando asumimos la acusación particular en nombre de una persona afectada por un delito lo hacemos desde la búsqueda conjunta de necesidades y la construcción conjunta del camino a recorrer en el proceso de búsqueda de justicia y reparación, evaluando todas las posibilidades existentes. En la búsqueda de justicia es importante adaptar cada camino a las necesidades y perspectivas de cada persona.

Entre las áreas de derecho penal en las que trabajamos se encuentran:

  • Delitos leves.
  • Delitos contra el medio ambiente y la salud pública.
  • Delitos contra la integridad moral.
  • Delitos contra el orden público.
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.
  • Delitos de organización o grupo criminal, o asociación ilícita.
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, corrupción entre particulares, robos y hurtos.
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores.
  • Delitos contra la seguridad vial.
  • Delitos contra la vida y la integridad física y moral.
  • Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
  • Delitos contra el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.
  • Delitos contra la Administración pública.
  • Extradiciones y órdenes de detención internacional.
  • Derecho penitenciario.
  • Compliance penal para organizaciones sociales.
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